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El Consell insta a los municipios a penalizar la prostitución con multas de hasta 3.000 para los clientes

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presentado este jueves el modelo de Ordenanza Municipal Abolicionista elaborado en el marco del Foro Valenciano para la abolición de la prostitución. De esta forma, se busca proteger a las mujeres y se multará con hasta 3.000 euros a aquellos que demanden estas prácticas, así como a los intermediadores y los locales donde se ejerza esta “forma de violencia de género”.

Bravo ha comentado que en las tres provincias de la Comunidad Valenciana hay entre 10.000 y 13.000 mujeres en situación de prostitución, según han revelado los estudios científicos elaborados por el Foro. Por ello, Bravo ha recordado que “si la oferta es así de grande es porque hay hombres dispuestos a pagar por ello”, ya que “solo así se entiende que el 20% de los varones valencianos mayores de 18 años admita que ha pagado por sexo alguna vez en su vida”.

Por tanto, el modelo de ordenanza abolicionista que se ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, considera la demanda de prostitución como infracción grave y la sanciona con multas de hasta 1.500 euros. Por otro lado, el modelo advierte que es “muy grave” si este tipo de demandas se producen a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo, por lo que la sanción con multa se podrá elevar hasta los 3.000 euros.

La consellera de Justicia ha defendido que las corporaciones locales tienen “competencias y capacidades suficientes para estar en la primera línea de la erradicación de la prostitución a través de las ordenanzas municipales, que son un instrumento muy potente para marcar la diferencia entre aquellos municipios que protegen la dignidad de todas las personas y los que, para su vergüenza y la nuestra, abdican de ella”.

En este sentido, Bravo ha puesto como ejemplos los municipios valencianos de Albal y Quart de Poblet por haber sido “pioneros” en la aprobación de ordenanzas abolicionistas». Al mismo tiempo, ha lamentado “esa ordenanza de la vergüenza del Ayuntamiento de Alicante que criminaliza las mujeres en prostitución y las hace responsables de su situación, sin reparar que es un sistema desigual e injusto las que las somete y las priva de una vida digna de derechos”.

Bravo ha resaltado que la Comunidad Valenciana es la primera autonomía que pone a disposición de los municipios un modelo de ordenanza abolicionista, lo que ha afirmado que “nos convierte en una referencia para otros territorios comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres, así como con la erradicación de toda forma de violencia de género, incluida la compra del cuerpo de las mujeres”.

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