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Opinión

¿Por qué no un gobierno de coalición PSOE-PP?

Javier Paniagua

Javier Paniagua

Las críticas al gobierno presidido por Pedro Sánchez han abundado en estos dos años de Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Desde medios de comunicación, de los partidos de la oposición, de algunos intelectuales y académicos y antiguos dirigentes socialistas que tuvieron un papel destacado en las anteriores etapas de gobiernos socialistas, han surgido críticas a las políticas avaladas por el líder socialista. Sus relaciones con el movimiento nacionalista catalán, creando una mesa de negociación sin aclarar qué se negocia, sus pactos parlamentarios con Bildu, Esquerra Republicana y el PNV, con la cesión de competencias carcelarias y la transferencia de la selección de secretarios, tesoreros e interventores al gobierno vasco, rompiendo la unidad de cuerpos del Estado, han sido los elementos más destacados de las críticas políticas. Además, han calificado de sectarismo la Memoria Democrática, por haber levantado polémicas sobre aspectos de la Guerra Civil que generan sentimientos encontrados en una parte de la población, cuando se supone que la Transición había intentado superar las divisiones que supuso aquella tragedia. El PSOE, con su coalición con Unidas Podemos, ha dado pie a abordar cuestiones que resultan conflictivas en muchos sectores sociales, como el lenguaje inclusivo o la proliferación de formas de géneros que van mas allá del reconocimiento de las tendencias sexuales. Y se ha insistido en las manifestaciones anteriores de Sánchez, tildándolo de mentiroso.

Todo ello ha condicionado unas relaciones políticas más conflictivas que de costumbre entre el gobierno y los partidos que le apoyan, y los de la oposición. Las Cortes han sido el escenario de descalificaciones permanentes en un clima de crispación que ha imposibilitado llegar a acuerdos en cuestiones consideradas básicas en la estructura del Estado. No existen consensos sobre la financiación de las Comunidades Autónomas, o respuestas comunes ante las tendencias nacionalistas a crear estados independientes, expresado de manera clara por los nacionalistas en Cataluña. Implícitamente también en el País Vasco, por ahora contenidos, mientras se mantengan los Conciertos, y con las esperanzas futuras del BNG en Galicia, y del Bloc Nacionalista en la Comunidad Valenciana. Surgen además elementos imitadores con la búsqueda de una identidad lingüística en zonas sin planteamientos nacionalistas, como en Asturias con el bable, lengua reconocida en el sistema educativo, o en la Autonomía de Castilla-León, donde se intenta rehabilitar el leonés como lengua, y crear una Comunidad nueva, León, la 18, separada de las provincias castellanas.

En este clima, algunos dirigentes del PSOE siguen proponiendo un Estado federal, sin que hasta la fecha sepamos a qué tipo de federalismo se refieren y cómo encajarlo en el Estado Autonómico. Hoy existen, en los 194 países reconocidos por la ONU, más de un 40% que se autotitulan federales. Los dos modelos más significativos son EEUU y Alemania, donde se producen continuos debates sobre las relaciones entre los gobiernos federales y los estados o los Lander. Hay constitucionalistas que asimilan el Estado de las Autonomías a un federalismo más o menos imperfecto, que en todo caso todavía podría derivar en una redefinición de las competencias del Estado y de las Comunidades. Pero el problema es que, en Alemania, por encima de los Lander, y en los 50 estados de USA, pervive un sentimiento nacional común que trasciende por encima de las fragmentaciones federales, algo que en España es cuestionado en distintos sectores sociales. Ahora que Alejandro Nieto acaba de publicar un estudio sobre la I República española de 1873, y a pesar de la figura bien intencionada de Pi i Margall, con la derivada del cantonalismo, convendría reflexionar sobre la necesidad de encontrar elementos de unidad que solo pueden abordar las dos grandes fuerzas políticas españolas, que son el PP y el PSOE.

Una cosa sí habrá de reconocerse y es que Sánchez, después del triunfo en las primarias del PSOE con un lenguaje izquierdista, ha desmontado, en parte, la fuerza de Unidas Podemos que, en su día, con sus 4 millones y medio de votos en 2014, pretendió dar el sorpasso al PSOE y sustituirlo como principal fuerza de la izquierda española. En el gobierno, UP ha conocido las estructuras de la Administración, con sus abogados del Estado, tribunales, juristas, secretarios, funcionarios… que condicionan las decisiones adoptadas para adaptarlas a las directrices jurídicas existentes. Ello, unido a su propia división ideológica y estratégica, lo han convertido, según las encuestas, en una fuerza electoral semejante a la que en su día tuvo Izquierda Unidad, de la que varios de sus militantes ingresaron en el PSOE. Ya nadie discute que, actualmente, este es la fuerza hegemónica de la izquierda española. El PP tiene un problema con Vox, una escisión de los populares que se asemeja a los partidos de la extrema derecha europea, como se ha evidenciado en el cónclave de Madrid. Los jefes de gobierno de Polonia y el Hungría asistentes plantean modelos diferentes al actual de la Unión Europea, insistiendo en la soberanía de los Estados por encima de las instituciones europeas. En estas circunstancias tal vez los asuntos de Estado planteados en España solo se resuelven con un gobierno de coalición entre PP y PSOE con acuerdos bien estudiados, En ambos, con los actuales liderazgos y presupuestos ideológicos, tal coalición parece imposible: sus diferencias se agrandan, principalmente en el lenguaje más que en las cuestiones fundamentales que deben ser abordadas. Ni en los dirigentes del PSOE ni en el PP parece que haya disposición para tal fin y, sin embargo, las necesidades objetivas impulsan a construirlo durante un tiempo para llegar a acuerdos imprescindibles para la convivencia democrática española. Muchos ciudadanos creen que sería lo conveniente, pero lo consideran inviable por las posiciones irreductible de ambos. Hay quienes consideran que eso provocaría dejar el espacio político a los partidos como Vox o Podemos y a reforzar los movimientos nacionalistas. Sin embargo, pudiera ser que sin esos acuerdos básicos la democracia española derivara hacia formulas autoritarias que perjudicaran la calidad democrática. Otros países lo han hecho cuando las condiciones lo imponen.

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