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Economía

La nueva ley de vivienda impedirá la recalificación de viviendas públicas protegidas

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles en torno a la futura ley de Vivienda anunciada por el Gobierno el mismo día que se llegaba al acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado.

En su articulado la norma incluirá la imposibilidad de venta de vivienda pública por parte de las administraciones a entidades privadas, a través de un régimen de protección permanente que impida su recalificación.

La propia ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, señalaba este punto del texto de la futura ley al señalar que la norma aspiraba a impedir casos como la enajenación de vivienda protegida, como se vio en el pasado en la Comunidad de Madrid con la venta de pisos a «fondos buitre», algo que, dijo, no se volverá a producir en España.

La nueva ley de vivienda también contempla destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social.

Además, prevé un recargo del 150% del IBI para los pisos vacíos y una regulación del precio del alquiler para bajar las rentas en las viviendas en manos de grandes propietarios (10 viviendas o más) con personalidad jurídica, teniendo en cuenta índices de referencia en zonas tensionadas.

Los ayuntamientos de Valencia y Alicante no han tardado en reaccionar a la nueva normativa anunciada, pero de muy distinta manera. Por un lado, el alcalde de València, Joan Ribó, ha celebrado el anuncio del Gobierno central y ha anunciado que el Ayuntamiento está preparado para aplicar las ordenanzas fiscales aprobadas por el consistorio hace dos años y que ya preveían un recargo del 30 % del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los grandes tenedores.

“Después del decreto que aprobó la Conselleria de Vivienda la semana pasada, València ya puede iniciar el camino para aplicar estas penalizaciones a los grandes propietarios. Si podemos hacerlo este año, lo haremos”, ha declarado Joan Ribó.

Muy distinta ha sido la reacción del alcalde de Alicante, que ha señalado que no aplicará en su municipio la futura Ley de Vivienda anunciada por el Gobierno de España. Luis Barcala, ha señalado, incluso que, si se obliga a los consistorios a aplicar la norma, recurrirá ante los tribunales.

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