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Opinión

Eutanasia: el debate sigue vivo

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Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia

El recurso de inconstitucionalidad que hoy mismo han presentado los diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso –y el que días atrás presentaron los de Vox, ya admitido a trámite– contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, por la que se legaliza en nuestro país la eutanasia, está llamada a frustrar la pretensión de la izquierda de cerrar en falso la apresurada reflexión colectiva que precedió la adopción de esta controvertida medida,

Pero más allá de garantizar que la cuestión vaya a seguir estando algún tiempo más sobre la mesa de debate, uno y otro recurso abren la puerta a la revocación por el máximo intérprete de la Constitución de alguno de los aspectos más discutibles de su articulado. Porque, en efecto, es posible sostener con fundamento que la Ley de eutanasia aprobada por las Cortes con el voto entusiasta del PSOE, Podemos y Ciudadanos, es abiertamente inconstitucional.

Para empezar, porque la Constitución española establece que “todos tienen derecho a la vida”. Es cierto que a menudo se argumenta que la convivencia social exige que ningún derecho tenga el carácter de absoluto, y que de los tribunales se espera que den con fórmulas que permitan compatibilizar el disfrute de los unos con el de los otros, a menudo limitándolos todos ellos. Pero la rotundidad de ese “todos” con el que se inicia el artículo 15, unido al hecho de que la vida sea un presupuesto para el disfrute de los demás derechos constitucionales (“supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendría existencia posible”, lo ha llamado el Tribunal Constitucional”), hace difícil imaginar cuáles hayan de ser en este caso los límites al derecho a la vida. Y de hecho el propio Tribunal Constitucional ha negado su existencia, al sostener que el derecho a la vida “tiene un carácter absoluto y está entre aquellos que no pueden verse limitados”.

En el caso que nos ocupa, el legislador los ha querido hallar en el derecho, también reconocido constitucionalmente en el artículo 15, a la integridad moral; o incluso en la tesis de que ciertas formas de existencia –particularmente las acuciadas por el sufrimiento– serían contrarias a la dignidad de la persona a la que se refiere el artículo 10. Pero afirmar que hayan vidas indignas y que no merezcan ser preservadas, o que el padecimiento físico merma la dignidad de la persona, es profundamente ofensivo.

Pero es que, adicionalmente, la práctica de la eutanasia carece del más mínimo sustento constitucional. No hay un solo precepto en la Constitución que permita amparar su práctica, ni mucho menos atribuírsela en exclusiva al Estado, como hace la nueva ley. De hecho, el artículo 43 de la Constitución obliga exactamente a lo contrario, en la medida en que no solo reconoce “el derecho a la protección de la salud”, sino que establece el deber de los poderes públicos de “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. En otras palabras, no solo no existe un derecho a la muerte, sino que existe un derecho a la vida; y no solo el Estado carece de título competencial para infligir aquélla, sino que esta constitucionalmente obligado a tutelar ésta.

Así las cosas, las posibilidades de que prospere un recurso –como el presentado por los diputados de Vox– sustentado sobre el argumento de que el reconocimiento de un “derecho” –ese es el término utilizado– a recibir la prestación de ayuda para morir” es contrario al artículo 15 de la Constitución, me parecen altas.

Pero es que el recurso de Vox se detiene también en ponderar la vulneración del principio de seguridad jurídica que deriva de la alusión hecha por la ley a los padecimientos “graves, crónicos e imposibilitantes”, o a la existencia de un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable” como factores desencadenantes de ese derecho al suicidio asistido, en la medida en que introducen peligrosas dosis de subjetividad. Y en la inexistencia de garantías suficientes para verificar que las decisiones médicas que se adopten estén lo suficientemente motivadas, cuestión especialmente grave si tenemos presente que la Ley permite la práctica de la eutanasia sobre personas privadas de capacidad de decisión en el momento de su aplicación. Y en la discutible legalidad de delegar en las autoridades sanitarias –estatales y autonómicas– la toma de decisiones encaminadas a “homogeneizar criterios e intercambiar buenas practicas”, que podría traducirse en la aplicación de estándares no sancionados legalmente, en una materia tan extraordinariamente delicada como esta. Y –por fin– en el endeble reconocimiento que el artículo 16 hace del derecho a la objeción de conciencia de “los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir”: no solo porque el legislador haya tenido el mal gusto de privar de carácter orgánico a este derecho de los profesionales sanitarios, sino sobre todo porque para el ejercicio de esta objeción sea precisa la inscripción previa en un registro, cuya existencia ejercerá sin duda un efecto desalentador de esta facultad, amen de que convertirá en pública una opción ética que no tendría por qué serlo.

Lamentablemente, la solidez de los argumentos planteados por unos y otros recurrentes podría chocar contra algo infinitamente más destructivo que la capacidad argumentativa de quienes en el pleno del Tribunal Constitucional puedan simpatizar con los objetivos perseguidos por la ley. Me refiero a la indolencia de nuestro más alto tribunal.

Y los indicios están al cabo de la calle: como se recordará, el Partido Popular recurrió en el año 2010 la llamada Ley Aído, por la que nuestra legislación en materia de aborto pasaba de contemplarlo solo en los supuestos de violación, malformaciones fetales y riesgo para la vida de la madre, a permitirlo sin límites con el único requisito de que se practicase dentro de las primeras catorce semanas. Pese a que nada más recibir el recurso el propio Tribunal Constitucional acordó dar carácter prioritario a su tramitación y resolución, lo cierto es que han pasado ya once años sin que éste haya sido resuelto, ni exista siquiera un borrador de sentencia, convirtiéndolo en el caso más antiguo de los que tiene planteados el alto tribunal.

Una situación que solo puede ser calificada de escandalosa e insostenible, y que convierte al propio Tribunal en responsable de la quiebra de un principio constitucional tan relevante como es el de la tutela judicial efectiva, es decir, del derecho de los ciudadanos a que los tribunales juzguen y resuelvan, en el sentido que proceda, acerca de las pretensiones que les planteen.

Pero, más allá de eso, una situación reveladora del pánico que aparentemente suscita, incluso en el más alto intérprete de nuestra ley fundamental, la eventualidad de tener que ponerse del lado del derecho constitucional a la vida en unos momentos en los que ello parece políticamente inconveniente. Porque, al menos a mi, no me cabe ninguna duda ni de que la vigente ley del aborto –que pasa de contemplar la vida del nasciturus como un bien jurídico digno de protección, reconociendo solo tres puntuales excepciones a esa regla, a considerar el aborto un derecho casi absoluto de la mujer gestante– es contraria a la Constitución, ni de que la razón última de que esa inconstitucionalidad no haya sido declarada es el miedo del alto tribunal a suscitar la airada oposición de ciertos influyentes grupos de opinión. Y todo empuja a pensar que tal vez respecto de la eutanasia, el silencio acabara siendo también la respuesta del Constitucional.

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